Las ‘reglas del juego’ de la inversión minera china, en el punto de mira

Lima.- Perú es una de las perlas mineras de la región latinoamericana que abastece al gigante asiático. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha declarado a China como el país con mayor inversión futura en el país. Sin embargo, su presencia ha estado ligada a importantes conflictos sociales en Las Bambas, operado por MMG, y Toromocho, explotado por Chinalco. Mientras tanto, los bancos y empresas chinas han adoptado varias directrices ambientales y sociales para los préstamos e inversiones en el exterior que aparentemente no han sido implementadas ni en Las Bambas ni en Toromocho.

“La aplicación de estas directrices podría representar una oportunidad para las poblaciones donde se desarrollan los proyectos mineros con participación china ya que coadyuvarían a que respeten los derechos de las poblaciones”, declara Julia Cuadros, especialista de CooperAcción.

El último reporte de enero de 2017 del MEM declara que las empresas chinas tienen comprometidos 10,189 millones de dólares de inversión, en siete yacimientos mineros en el Perú, principalmente de cobre: Pampa de Pongo (Arequipa), Galeno (Cajamarca), Don Javier (Arequipa), Explotación de Relaves (Ica) y Río Blanco (Piura), así como las ampliaciones de Toromocho (Junín) y Marcona (Ica), además del multimillonario proyecto Las Bambas (Apurímac). La presencia china en el sector minero se ha ido consolidando en la última década en toda
América Latina ya que actualmente existen más de 50 concesiones en manos de compañías chinas.

Sin embargo, de acuerdo a un informe elaborado por la Universidad de Boston (“China en América Latina”, traducido del inglés), el aumento de esta inversión ha ido de la mano del incremento del conflicto social y medioambiental. Interesantemente, durante la última visita a Perú del Presidente chino, Xi Jinping, se firmó el primer acuerdo ambiental que China ha firmado con una país latinoamericano. “Bien podría ser que una de las razones de que éste acuerdo se haya con los peruanos sea porque China siente que debe mostrar que tiene un compromiso ambiental y social con el ambiente y las comunidades que están siendo afectadas por sus inversiones en el secto minero ” , precisa Paulina Garzón, directora para la Iniciativa de Inversiones Sustentables China-América Latina.

Garzón recuerda que los bancos y las empresas del gigante asiático han adoptado directrices ambientales y sociales para los préstamos e inversiones chinas en el exterior que, aunque no sean de carácter obligatorio, su incumplimiento tiene impactos en su capacidad de hacer a crédito y a autorizaciones de las propias entidades chinas para continuar realizando proyectos en el exterior. Entre ellos, existen regulaciones respecto a la evaluación y manejo de riesgos en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) e incluso disponen que “una tercera parte independiente” puede ser contratada para evaluar o auditar las actividades en el sitio del proyecto. Asimismo, reconocen el derecho de la consulta previa informada e incluso la creación de mecanismos de quejas en las comunidades locales. “Lamentablemente, estas regulaciones tienen una implementación muy débil, y no se han internalizado dentro de las operaciones chinas en América Latina”, precisa Paulina Garzón.

“Las inversiones chinas en el Perú tienen un antecedente bastante negativo, el ejemplo más claro ha sido la actuación de la minera Shougang en Ica, donde tuvo un mal relacionamiento con los trabajadores y contaminación. El Gobierno chino tiene que ser responsable respecto al comportamiento de sus empresas, como con el proyecto minero Las Bambas”, explica el congresista de Apurímac, Richard Arce.

Las Bambas y Toromocho son un caso paradigmático ya que su explotación ha implicado el reasentamiento de sus poblaciones, procesos que no han estado exentos de polémica, especialmente en el último caso, donde se desalojó al pueblo de Morococha hacia un nuevo espacio donde no hay trabajo, está situado sobre un bofedal, construido sobre una zona en riesgo, y las nuevas casas son de mala calidad. Los lineamientos chinos establecen que los reasentamientos deben asegurar similares o mejores condiciones de vida para las comunidades locales y que deben ser compesadas adecuadamente. “La actuación de las empresas chinas en Las Bambas y Toromocho no reflejan los contenidos de las directrices chinas”, puntualiza Garzón.

“Nos gustaría que el proyecto minero Las Bambas se incorpore a estos estándares socioambientales. Esta minera no ha logrado una relación armoniosa con las comunidades. Es importante que se retome como agenda prioritaria el tema medioambiental, la responsabilidad social de la empresa y de derechos humanos” declara Rodolfo Abarca, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas.

El otro gigante minero
El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) está conformada por 23 grandes empresas del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo, entre ellas, Glencore, BHP Billiton, MMG o Newmont. Esta asociación mundial ha adoptado una serie de estándares socioambientales para marcar la actuación de las mineras. En 2013, publicó la “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas”, donde tomó una posición muy clara en el respeto del Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI).

“La política de ICMM menciona la obligación de consultar, pero también establece que las compañías deben trabajar para lograr el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indigenas afectadas por sus proyectos. Esta política reconoce que las comunidades tienen la capacidad de conceder o negar su consentimiento para un proyecto”, puntualiza Emily Greenspan, especialista de Oxfam. Además, esta asociación mundial minera reconoce que la consulta no sólo debe realizarse en un sólo momento, sino cuando hay cambios a proyectos que puedan tener efectos importantes en los pueblos indigenas.

Respecto de la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura del Perú, Greenspan afirman que se ha vuelto un “instrumento muy político” y señala que en el caso de Cotabambas, a pesar de que sus comunidades no estén incorporadas a la misma, esto no limita su reconocimiento como indígenas, tal y como lo reconoce el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Ley de Consulta Previa.

En el ámbito medioambiental, la especialista de Oxfam recuerda que la política del ICMM reconoce la necesidad de asegurar una amplia participación de las comunidades en la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Cabe recordar, que en el caso de Las Bambas, una de las mayores preocupaciones de su población fueron las cinco modificaciones que se realizaron en un lapso de 20 meses entre 2013 y 2015 al EIA sin ser consultados.

“Si se llegaran a implementar estos estándares socioambientales podrían ser una herramienta fundamental para la sociedad civil para vigilar el cumplimiento de los mismos”, señala Julia Cuadros.

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