Corte Suprema deja al Voto recurso de queja excepcional sobre Caso Saettone

La Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema dejó al voto el recurso de queja excepcional interpuesto por la defensa de los deudos de María Elena Coronado, quien falleció tras ser atropellada por el músico Eduardo Saettone Arróspide, procesado por el delito de homicidio culposo.

Durante la audiencia pública, la abogada de los familiares de la víctima, Milagros Bellido, solicitó se declare la nulidad de la sentencia de la Cuarta Sala Penal de Apelación para Reos Libres de la Corte Superior de Lima, que modificó la pena contra Saettone Arróspide, de cuatro años de prisión efectiva por suspendida.

La resolución, dictada el 2016, también incrementó la reparación civil de 50 mil a 100 mil soles y redujo la inhabilitación permanente que tenía el inculpado para conducir cualquier tipo de vehículo, mientras dure el tiempo de su condena.

Al sustentar sus alegatos, Bellido sostuvo que “el fallo en segunda instancia adolece de vicios procesales al no tomar en cuenta la conducta del imputado, quien no cumplió con firmar de manera permanente el registro biométrico y solo lo hizo los primeros nueves meses, agregó.

En otro momento, señaló que en la sentencia dictada por el 35 Juzgado Penal de Lima se fundamenta hasta en tres oportunidades que el factor predominante del accidente fue la excesiva velocidad con la que Saettone Arróspide conducía su auto, el 23 de agosto del 2012, día en que atropelló a la víctima.

Por su parte, el abogado del procesado, Luis Vargas Valdivia, rechazó la posición de la defensa al sostener que no ha sustentado un solo argumento jurídico del recurso de queja y pidió que se declare infundado, más aún porque el Ministerio Público no impugnó la última sentencia.

Asimismo, sostuvo que tampoco se ha fijado una pretensión de resarcimiento a lo que Bellido respondió que la indemnización fijada en el expediente establece un monto de 100 mil dólares.

El colegiado a cargo del caso está integrado por los jueces supremos César Hinostroza Pariachi (presidente), Aldo Martín Figueroa Navarro, Alberto Cevallos Vegas, Zavina Magdalena Chávez e Iván Sequeiros Vargas, quienes fijarán su decisión en el transcurso del plazo establecido por ley de 30 días hábiles como máximo.

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