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En los últimos meses la comunidad nacional ha sido testigo de un cuestionamiento formulado al enfoque de igualdad de género contenido en el Currículo Nacional de la Educación Básica aprobado hace un año. Sobre el particular, el Consejo Nacional de Educación (CNE) ha expresado en diversas oportunidades y por diferentes medios su opinión, la misma que subraya la importancia de que la educación de las personas se desarrolle de una manera que contribuya a la creación de un país en el que se garantice la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y las ciudadanas sin distingos de ninguna naturaleza.

El CNE entiende, en concordancia con los principios jurídicos, que los derechos de las personas han de ser ejercidos en un marco de coherencia interna y sin violentar otros derechos. Así, el derecho preferente de los padres a decidir sobre la educación de los hijos debe ser ejercido en coherencia con el derecho de los hijos a contar con una educación integral que garantice su pleno desarrollo y la construcción de una sociedad democrática y tolerante, de conformidad con lo dispuesto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26), la Constitución Política (artículo 13) y la Ley General de Educación (artículos 2, 3, 6, 8 y 9).

La promoción de un trato justo y de oportunidades equitativas para hombres y para mujeres, independientemente de cualquier otra consideración, es parte fundamental de la construcción de una sociedad de ciudadanos con derechos universales y de la promoción de la comprensión y la tolerancia a la que estos hacen referencia. Por ello, es importante desterrar del país el machismo, la homofobia y otras formas de trato que afectan la dignidad humana.

Las familias y el Estado comparten la responsabilidad en la educación de las personas; por su parte, el Ministerio de Educación (y no otra autoridad estatal) es el órgano rector de la política educativa nacional, y elabora, conforme a la legislación vigente, el currículo nacional. El CNE considera que el actual currículo nacional, y los enfoques que comprende, responde a las normas internacionales sobre el derecho a la educación y se ha elaborado conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, incluyendo un largo proceso de consultas que, como sabemos, no puede contener en su producto final todas las perspectivas particulares que cada quien pueda, legítimamente, tener.

Algunas personas e instituciones han promovido una acción legal contra el currículo en medio de un contexto nacional en el que coexisten múltiples casos de violencia de género, crímenes de odio y violencia en las escuelas, junto con iniciativas y decisiones que van a contracorriente de la necesidad de hacer visibles estos condenables comportamientos.

El CNE confía en que el Poder Judicial resuelva dicha acción popular de acuerdo a los principios de tolerancia y de respeto sancionados por la Constitución, la Ley General de Educación y el orden internacional sobre Derechos Humanos. Así, será posible cerrar este episodio de la historia educativa reciente y proceder a concentrar nuestras energías en las acciones de mejora que nuestros estudiantes tanto requieren y que hacen parte de los objetivos y lineamientos contenidos en el Proyecto Educativo Nacional.

 

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